Quienes manejan taxis convencionales se sentían en desventaja frente a los taxis ejecutivos que han surgido como Uber y City Drive, por lo que planeaban protestar contra esta modalidad de servicio que se solicita vía celular, pero anunciaron que llegaron a un acuerdo con la autoridad que les beneficiará en la atracción de más usuarios.

La manifestación contra empresas de servicios de taxis ejecutivos como Uber la planeaban hacer el pasado lunes en el centro de la ciudad, donde pararían el tránsito en principales avenidas con la intención de que fueran escuchados, por lo que fue cancelada al ser recibidos por funcionarios.

Líderes de taxistas se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, y con el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, con quienes firmaron un acuerdo en el que la autoridad se compromete a ayudar a este sector.

Entre las condiciones que los taxistas esperan que el gobierno les garantice están la creación de una plataforma tecnológica, en modalidad de aplicación, con la cual los sitios de taxis ofrezcan sus servicios vía internet y a través de teléfonos celulares.

También realizará el gobierno una jornada de capacitación tecnológica para operadores de taxi y modificarán el artículo 262 y su relación con el artículo 143 del reglamento de la Secretaría de Movilidad, relacionados con el concepto de arrendamiento con chofer.

Otro acuerdo al que llegaron es revisar la competencia de los municipios, para sancionar a giros comerciales que promocionen y ofrezcan el servicio de taxi ejecutivo en sus instalaciones y por parte de su personal.

Sin embargo, el secretario general del Sitio 22, Juan González, reconoció deficiencias en las que están trabajando para mejorar el servicio de los taxis amarillos. Detectan, por ejemplo, vehículos en malas condiciones y choferes desaseados y con mala actitud. Por lo que pidió a los dueños de los taxis y a los arrendatarios que tengan cuidado al seleccionar a su personal.

Para saber

En febrero pasado, La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Jalisco, cuestionó la seguridad social de choferes los choferes de Uber, así como la protección  a los usuarios del servicio. Hubo también una polémica sobre la legalidad de la empresa, ya que está registrada como prestadora de servicios de tecnología y no como transporte público.

 

A lo que Uber respondió que no es una compañía de transporte ni dueña de ningún vehículo o empleadora de choferes, "nos asociamos con choferes independientes de cada ciudad en la que trabajamos y les ofrecemos el uso de nuestra plataforma tecnológica, promoviendo el emprendimiento  y la innovación en su servicio".