En octubre del año pasado el Congreso del Estado aprobó la ley de Austeridad que tiene como finalidad limitar el uso de dinero público en gastos superfluos. Sin embargo, este medio publicó que en la mayoría de los ayuntamientos los dictámenes aún no han sido aprobados a pesar de que tuvieron 180 días para garantizar los cambios necesarios para cumplirla.

El secretario de Administración, Planeación y Finanzas, Rafael Pérez Partida, informó que habrá un manual que daría transparencia al destino de los ahorros de los recursos públicos. Dicho manual de "fondos revolventes", vendrá junto al Reglamento de la Ley de Austeridad, que ya está en manos de la Secretaría General de Gobierno para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Los recursos generados deberán destinarse a inversión pública, como obras y servicios.

Entre los compromisos que tienen que cumplir las instancias públicas está un reglamento de austeridad, publicación de un tabulador de viajes y viáticos y un programa de optimización de estructuras laborales.

Los municipios de Zapopan y Tlajomulco trabajan a contrarreloj para cumplir con la medida, Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque no informaron sobre los avances. El Congreso del Estado tampoco ha cumplido.

La Universidad de Guadalajara se pronunció en contra de las disposiciones en austeridad, por lo que consiguió una suspensión que le permite no acatar estas medidas al asegurar que "impactará de manera inevitable las finanzas" de la institución.

Además del Consejo Económico y Social y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Poder Judicial también tomó en contra lo aprobado en la Ley. El titular de este poder, Luis Carlos Vega Pámanes, señaló que contraviene el principio de independencia judicial y autonomía de la gestión presupuestal del Poder Judicial.

Este medio también dio a conocer que el Gobierno del Estado había iniciado por su parte un programa de austeridad en 2013, el cual consiste en obtener ahorros por 600 MDP durante el sexenio, pero a dos años de la implementación la autoridad no ha presentado informes sobre el destino específico del ahorro que ahora debería rondar entre los 220 MDP, según el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), Héctor Rafael Pérez Partida.

Más de 700 entidades públicas tienen hasta el 29 de junio para crear sus reglamentos y modificar la forma en que gastan.

Lo que dice la Ley de Austeridad

-Se prohíben los bonos y percepciones extraordinarias, así como la contratación de seguros médicos privados para los nuevos empleados

-Se prohíbe que los funcionarios de segundo nivel o menor grado jerárquico tengan secretarios privados

-Los gastos en publicidad, por cualquier medio de comunicación y redes sociales, no podrán rebasar el 0.3 por ciento del presupuesto total

-Se prohíbe la compra de vestuario y uniformes para personal administrativo, a excepción de los cuerpos de seguridad, salud, ciencias forenses y protección civil

 

-Las oficinas gubernamentales deberán promover el uso de software libre, para ahorrarse el pago de licencias de uso